CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada Ponente



AC2895-2016


Radicación n.° 73001-31-10-002-2012-00556-01

(Aprobado en sesión de veintisiete de enero de dos mil dieciséis)



Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciséis (2016).


Decide la Corte sobre la admisión del recurso extraordinario de casación que María Angélica Alonso de Molina presentó frente al fallo de 26 de junio de 2015 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario que en su contra y de Humberto Molina Villanueva y los demás herederos indeterminados de la causante Patricia Marcela Molina Alonso, promovió Martha Isabel Pinilla Ascencio.



     I. ANTECEDENTES


1. La promotora del proceso formuló demanda a fin de que se declarara la existencia de la unión marital de hecho que conformó con la causante, entre junio de 1995 y el 29 de septiembre de 2012; y asimismo para que se decretara la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial que en consecuencia, se originó.


2. El Juzgado Segundo de Familia de Ibagué el 14 de mayo de 2014 profirió sentencia en la cual declaró la existencia de la sociedad marital de hecho y de la sociedad patrimonial, «cuya disolución y liquidación se deberá realizar por el trámite de Sucesión intestada, por fallecimiento de una de las compañeras» (f.319 a 345 ídem).


3. Inconforme con dicha resolución la señora María Angélica Alonso de Molina, en calidad de heredera de la fallecida, formuló recurso de apelación (f.348 a 351 ibídem).


4. El 26 de junio de 2015, por decisión mayoritaria, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué, confirmó el fallo de primera instancia (f. 36 a 61 c. 2da instancia), frente al cual la citada señora interpuso impugnación excepcional (f. 67 ídem).


5. El 31 de julio de 2015 la Sala Civil – Familia concedió el recurso al considerar «que el litigio versa sobre el estado civil» (f. 70, ejusdem) y ordenó la remisión a la Corte, previo pago del importe de remisión del expediente, so pena de declarar desierto el ataque.


II. CONSIDERACIONES


       1. A propósito del recurso extraordinario de casación, el artículo 371 del C. de P. C., expresamente, contempla:


«La concesión del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla (…)».


No obstante esa contundente premisa, existen algunas salvedades, que dicho sea de paso, están reguladas en la misma disposición y aluden a las siguientes hipótesis: i) que el proveído emitido refiera exclusivamente al estado civil de las personas; ii) que la determinación adoptada sea meramente declarativa; y, iii) que el recurso provenga de todas las partes.


       Además, la normatividad procesal civil (art. 371 ib.), regula otro evento en el que la decisión recurrida podría no cumplirse y refiere a la prestación que el impugnante haga de una caución para ‘responder por los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria (…)’.


Sólo en esos eventos, la sentencia emitida y objeto de la impugnación no se ejecuta. En las restantes situaciones, el fallo deberá cumplirse.


       2.        En esa dirección, la satisfacción de la determinación proferida, en la medida en que el original del expediente debe ser remitido a la Corte para efectos del trámite del recurso de casación, debe surtirse con las copias que el tribunal, al momento de conceder el recurso, le corresponde ordenar expedir y, en el caso en que no lo disponga, al recurrente le compete promover su compulsa.


        En los siguientes términos lo ha expresado la Corte:


(….) el tribunal al conceder el recurso tendrá que ordenarle al impugnador que suministre lo necesario para la expedición de las copias pertinentes, a fin  de que sean enviadas al juez de primera instancia con el propósito de que proceda al cumplimiento del fallo. Ahora, si el sentenciador deja de impartir esa orden, no por eso el censor queda relevado de cumplir con la carga de solicitar y pagar las copias que correspondieren, pues, como expresamente lo determina el inciso cuarto del citado artículo, en eventos como los señalados a él le corresponde ‘solicitar su expedición para lo cual suministrará lo indispensable’  (…).


       (…)


En este asunto es claro que la sentencia objeto del recurso propuesto por el demandado no se encuentra dentro de ninguna de las hipótesis ya precisadas, como quiera que si bien declaró la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes conformada por las partes y de la consiguiente sociedad patrimonial, ha de verse que, en todo caso, no es exclusivamente declarativa, por cuanto además, como consecuencia de esos pronunciamientos, ordenó, por un lado, el adelantamiento del trámite correspondiente a la liquidación de dicha sociedad y, por el otro, la cancelación de registros de las transferencias de propiedad, gravámenes y limitación al dominio, sin que se afectara el registro de otras demandas, en orden a lo cual dispuso que se emitieran las respectivas comunicaciones.

Entonces, por no tratarse de una sentencia impugnada en casación por ambas partes, ni meramente declarativa y no versar ella en forma exclusiva sobre el estado civil de las personas, debía disponerse lo pertinente para que las decisiones allí impartidas se cumplieran, en orden a lo cual al recurrente le competía desarrollar el deber procesal de solicitar y pagar la expedición de las copias necesarias para su cumplimiento, lo que no hizo, o, en últimas, si pretendía obtener la suspensión de su ejecución, ofrecer caución para responder por los perjuicios que con ello se causara a la demandante, lo que tampoco deprecó, pues al respecto simplemente se limitó a guardar hermético silencio.


De suerte que como el acusador, al interponer el recurso no manifestó otorgar caución para diferir el cumplimiento de la sentencia, el tribunal, al concederlo, debió ordenar la compulsación de copias para su ejecución, pero como nada dijo al respecto, la parte interesada debió desplegar la actividad para que se produjera la expedición, toda vez que a través aquellas decisiones por las que se dispuso adelantar la liquidación de la sociedad cuya existencia declaró y la cancelación de las transferencias de propiedad, gravámenes y limitación al dominio se crearon unas situaciones jurídicas nuevas y concretas; por ende, como así no procedió, se impone la inadmisión del recurso, para, en su lugar, declararlo desierto -La Sala hace notar-(Auto de 15 de junio de 2005, rad. 2003-00481-01). En este mismo sentido, la Corte se pronunció en autos de 10 de abril de 2012, Exp. 2008 00424 01 y 11 de marzo de 2014, Exp. 2010 00132 01, reiterado en auto de 22 de agosto de 2014, Exp. 2011-00236-01).


3. En el caso analizado, la controversia que dio origen a esta litis se refiere a la declaratoria de la unión marital entre compañeras permanentes y la existencia de la sociedad patrimonial derivada de ella, súplicas que fueron acogidas en el fallo de primera instancia, en el cual se dispuso además que la disolución y liquidación de esta última deberá realizarse «por el trámite de Sucesión intestada, por fallecimiento de una de las compañeras»

.

En ese orden, la sentencia proferida es de aquellas cuyo cumplimiento puede llevarse a cabo, habida cuenta que no es de naturaleza eminentemente declarativa ni alude, exclusivamente, al estado civil de las personas; tampoco fue impugnada por ambas partes. En otros términos, no existe ninguna circunstancia de las señaladas líneas atrás que impidan la ejecución de la decisión del ad-quem.


4. En consecuencia, el tribunal omitió ordenar, en el auto que concedió el recurso de casación, que se expidieran las copias requeridas para el cumplimiento de la decisión, y pese a ello, la recurrente guardó silencio sobre el particular, descuidando la carga que le correspondía, a fin de que se ordenaran los duplicados, para que pudieran ejecutarse las órdenes allí adoptadas.


Aunado a ello, la impugnante tampoco ofreció prestar caución para que se suspendiera el cumplimiento del fallo censurado, de acuerdo a lo previsto en el inciso 5º del artículo 371 ejusdem.


5. Situación semejante comporta la aplicación del artículo 372 idem., en cuanto a declarar inadmisible el recurso de casación.




                                      III. DECISIÓN


       En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,



         RESUELVE


       Primero: Declarar indamisible y, en consecuencia, desierto el recurso de casación propuesto por María Angélica Alonso de Molina frente a la sentencia proferida el 26 de junio de 2015, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario que en su contra y de Humberto Molina Villanueva y los demás herederos indeterminados de la causante Patricia Marcela Molina Alonso, promovió Martha Isabel Pinilla Ascencio.


Segundo: Devolver por conducto de la Secretaría el expediente al lugar de origen.


Notifíquese y cúmplase.





ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO





FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ





ARIEL SALAZAR RAMÍREZ





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA